La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay rechazó la decisión del Poder Ejecutivo de mantener vigente la ley sobre licencias médicas para servidores públicos, incluyendo a trabajadores del ámbito judicial. AFJU calificó de "inaceptable" que persista la aplicación de esta normativa y señaló que genera una desigualdad dentro del propio Poder Judicial: mientras jueces y defensores públicos reciben un trato diferenciado, los funcionarios administrativos enfrentan descuentos del 25% de su salario durante las licencias por enfermedad. La organización anunció que presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una reclamación en la que argumenta que el Estado uruguayo ha incumplido convenios internacionales sobre salud y protección laboral ratificados por Uruguay. Además, exigió que el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia creen espacios de trabajo conjunto para abordar los problemas de salud laboral en el Poder Judicial, destacando que la administración anterior violó la negociación colectiva al aprobar esta ley y que la actual aún está a tiempo de rectificar.
En el marco del Día Internacional contra el Acoso Laboral, AFJU emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la erradicación de la violencia y el acoso en el Poder Judicial uruguayo. El sindicato recordó la lucha sostenida durante 2023 y 2024 que derivó en la destitución de dos funcionarios superiores por parte de la Suprema Corte de Justicia y reclamó la plena implementación de la Oficina de Salud Laboral aprobada en 2023.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) convocaron un foro para debatir la implementación del acuerdo con la Suprema Corte de Justicia que permite la transmisión pública de audiencias judiciales. El encuentro reunió a periodistas, funcionarios y representantes sindicales para analizar el alcance de la medida y su impacto en la transparencia del sistema judicial.
La Justicia uruguaya condenó penalmente a dos ex funcionarios superiores de la Dirección General de Servicios Administrativos por el delito de abuso de funciones, en un proceso impulsado a partir de la denuncia presentada por AFJU en 2023. El sindicato destacó el fallo como una reivindicación de todos los trabajadores que sufrieron acoso y violencia laboral en esa dependencia y reafirmó su exigencia de tolerancia cero al acoso en el Poder Judicial.
El Consejo Ejecutivo de AFJU declaró el pre-conflicto y convocó a asambleas por edificio en Montevideo, un plenario de delegados y un paro de dos horas el 21 de noviembre —aniversario de la muerte de un compañero víctima de acoso— en rechazo al nuevo régimen de licencias médicas. El secretario general Pablo Elizalde denunció que la medida discrimina a los funcionarios administrativos respecto a jueces y defensores, creando "dos categorías de trabajadores" dentro del Poder Judicial.
AFJU adhirió a un paro de 24 horas en protesta contra la reglamentación de la Ley de Certificados Médicos, vigente desde el 1.° de abril de 2024. Pablo Elizalde afirmó que el proyecto es "altamente perjudicial para los trabajadores públicos en general" y denunció que el período de negociación de sesenta días no fue respetado. El sindicato cuestionó además la constitucionalidad de la medida, que implica una reducción salarial del 25% durante las licencias por enfermedad.
Tras presentar la denuncia por acoso laboral en la Dirección General de Servicios Administrativos, AFJU continuó exigiendo a la Suprema Corte de Justicia que informe sobre su resolución. Pablo Elizalde adelantó que en los próximos días evaluarían los pasos a seguir y reiteró la propuesta sindical de crear una Oficina de Salud Laboral en el Poder Judicial —ya aprobada formalmente por la SCJ pero aún sin implementarse— para abordar de manera integral la salud física y mental de los funcionarios.